El editorial de La Voz del pasado sábado 12, titulado “Necesitamos una matriz productiva mixta”, expone con claridad la necesidad de que amplias zonas de la provincia tengan conexión a las redes troncales de fibra óptica u otros servicios de telecomunicaciones de similar calidad.

Esto significa que un inmenso número de habitantes carece de estos servicios esenciales de tecnologías que abarcan internet, televisión por cable y telefonía celular.

Idéntico panorama exhibe casi todo nuestro país, a pesar de la existencia desde hace más de 20 años de un importante fondo proveniente de lo facturado por prestadores, denominado “servicio universal”. Este es administrado por el Estado nacional con la finalidad, aún incumplida, de proveer de servicio a los hogares sin acceso. Estos hogares humildes no reciben educación ni información, circunstancias que agravan las ya injustas diferencias de acceso a una vida mejor.

Argentina desarrolló una importante industria de prestación de estos servicios, que fue modelo en el mundo, sobre todo lo relacionado con las redes privadas de servicios de TV por cable, internet y telefonía celular.

Estas prestaciones, aún insuficientes, demandan constantes inversiones en desarrollos expansivos, innovación tecnológica y contenidos, y se necesitan divisas para concretarlas.

El Poder Ejecutivo Nacional sancionó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 690/2020, que dispone una fuerte e inconveniente intervención del Estado en esta actividad, la que a criterio de los expertos es totalmente inconstitucional.

Desde la perspectiva económica, determinará además una restricción de las inversiones impostergables para el normal desarrollo del sector, puntualizada en todos sus detalles en el editorial ya citado. Este señala que los 2.370 kilómetros de fibra óptica instalados por el Gobierno de Córdoba alcanzan a 180 localidades, pero estas no tienen aún conexión a internet, ya que es necesario que los prestadores realicen inversiones para construir las estaciones y hacer las conexiones domiciliarias. Es decir, para poder utilizar de manera óptima la inversión pública y así llevar progreso, educación e igualdad de oportunidades a la mayor cantidad de habitantes que sea posible.

El DNU 690 afectará seriamente las inversiones necesarias y condicionará el progreso, la cantidad de beneficiarios y la calidad de los servicios, todas consecuencias negativas que deben ser superadas.

Ninguna inversión se realiza si no se sabe cómo ni cuándo se recuperará el gasto, ni cuándo esa inversión generará las utilidades necesarias para ampliar y mejorar el servicio que se presta. Esta es la lógica inexorable de esta compleja actividad.

El atraso afectará a quienes hoy no tienen estos servicios o los reciben de insuficiente calidad. Carecer de estos servicios esenciales vulnera el sagrado derecho a la igualdad de oportunidades para acceder a la educación y a la capacitación y formación técnica de nuestros niños y jóvenes de hogares carecientes.

La vía para resolver este triste dilema es el consenso, la urgente necesidad de crear una mesa de trabajo representativa de todos los sectores involucrados en esta materia con más de mil empresas prestadoras, con la intervención de las cámaras y entidades intersectoriales, el ente público regulador de la materia (Enacom) y demás instituciones públicas y privadas que puedan sumar voluntades para destrabar este complejo problema.

Se requiere una solución urgente y equilibrada, ante la obligación de preservar las escasas divisas que posee el Estado argentino y la necesidad de no frenar, sino, por el contrario, de impulsar decididamente nuevas inversiones.

*José Luis Palazzo es abogado; expresidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones